EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hasta la primera mitad del siglo XIX, el espacio que hoy llamamos Centro Histórico constituía la totalidad de la ciudad (668 manzanas, sobre una superficie de 9.7 km2).

A principios del Siglo XX, esta área que podría ser llamada más correctamente la "Antigua Ciudad de México", fue perdiendo su importancia relativa en relación con la dinámica urbana de la urbe, convirtiéndose en "El Centro" de una ciudad en constante expansión.

Pero al ir cediendo poco a poco distintos atributos de la centralidad a otras zonas de la ciudad (Corredores urbanos de Reforma e Insurgentes, Desarrollo de Santa Fe, etc.), terminó reduciéndose - en percepción de amplios sectores urbanos - a su función simbólica/patrimonial, convirtiéndose en el "Centro Histórico" de una metrópoli de más de 17 millones de habitantes.

En poco más del 1% del área urbana del Distrito Federal, y con un población de menos de 200,000 habitantes, este espacio reúne la casi totalidad de sus principales problemas y desafíos: deterioro habitacional, desempleo y subempleo, marginalidad y exclusión social, inseguridad y violencia, drogadicción, congestión vial y contaminación, bajos niveles educativos de la población, conflictos entre sectores sociales, etc.

El deterioro del Centro Histórico está, por otra parte, fuertemente vinculado con una importante transformación de su economía. La salida del área de importantes actividades económicas (fábricas de ropa y el mercado al mayoreo de La Merced), además de provocar el abandono  de muchos inmuebles, ha generado una pérdida significativa de empleo, que no ha sido reemplazado por nuevas actividades. Por otra parte, las crisis económicas han convertido al Centro Histórico en el último espacio de sobrevivencia de los grupos más vulnerables de la sociedad capitalina (indígenas, indigentes y minusválidos, madres solteras, niños de la calle, personas de la tercera edad, etc.). Estos grupos ocupan los edificios insalubres y de alto riesgo de la zona y alimentan el amplio contingente de la economía “informal” que invade diariamente las calles y las plazas del Centro Histórico.

La degradación de los espacios públicos, el deterioro de los inmuebles por su antigüedad y la casi nula inversión de los propietarios, la drástica disminución de la oferta de vivienda en renta, la sustitución de las viviendas por comercios, bodegas y oficinas, así como los sismos de 1985, han generado un agudo proceso de despoblamiento. Entre 1970 y 1995, el Centro Histórico perdió el 40% de su población (118,609 habitantes). La competencia por el control del espacio urbano, entre los edificios antiguos y deteriorados y la posibilidad de multiplicar el uso rentable mediante la construcción de edificios con una alta densidad de uso del suelo, tiende a resolverse en detrimento de los primeros. Ocurre lo mismo en cuanto a la competencia entre el uso habitacional y los usos del suelo más rentables, en particular el comercio. En este proceso, actúa también la falta de congruencia entre el marco normativo para la conservación del patrimonio y el de la planeación urbana y de la construcción.

Debe añadirse a este diagnóstico, so penas de errar al momento de definir los instrumentos para la acción, los importantes déficits en materia de gobernabilidad. En primer término, el Centro Histórico “sufre” la intervención desarticulada de más de 20 instituciones locales o federales de gobierno. La falta de congruencia y unidad de acción gubernamental dificulta la gestión de los más elementales aspectos de orden urbano y convivencia social. En segundo lugar, la gestión pública padece de graves déficits en materia de regulación y conciliación de los distintos intereses opuestos (comerciantes establecidos - comerciantes ambulantes, población residente - población flotante, propietarios - inquilinos, etc.) y está todavía fuertemente condicionada por la permanencia de una cultura clientelista y corporativa fuertemente internalizada por las estructuras sociales y de gobierno.

La zona se encuentra protegida por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas (1972), que establece la competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), para normar las acciones tendientes a su preservación.

La coordinación en materia de planeación y gestión entre estos organismos federales y el gobierno de la ciudad de México es muy problemática y depende en gran medida de la existencia (o no) de una voluntad de colaboración entre ambos niveles de gobierno.  

Para los actores sociales y privados, el reclamo reiterado se dirige hacia la existencia de una gran confusión y superposición de funciones entre distintos organismos gubernamentales (la "tramitología") y a la demanda - desde años atrás - de que la Centro Histórico sea dotado de un órgano de gobierno propio, que permita unificar la gestión pública y agilizar el diseño y aprobación de los proyectos de "rescate".

El 11 de abril de 1980, la Antigua Ciudad de México fue declarada, por decreto presidencial,  Zona de Monumentos Históricos, creándose al mismo tiempo el Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el fin de "coordinar las acciones requeridas para su recuperación, protección y conservación". En 1990, se creó el Patronato del Centro Histórico, fideicomitente de un organismo privado: el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México (FCH). En diciembre de 1987, la Zona fue inscrito por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial.

A mediados del año 2001, estas instituciones fueron reformadas. El Patronato dejó de ser fideicomitente del FCH y se extinguó el Consejo del Centro Histórico.

El 14 de Agosto de 2001, se creó el Consejo Consultivo del Centro Histórico (125 miembros) y se firmó entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Presidente de la República un convenio de colaboración para llevar a cabo un nuevo "Programa para el Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México". Asimismo, se creó un Comité Ejecutivodel Consejo Consultivo, integrado por diez miembros (tres del gobierno federal, tres del gobierno del Distrito Federal y cuatro de la "sociedad" civil), presidido por el empresario Carlos Slim Helú.

En Febero de 2002 el Fideicomiso se convirtió en un organismo público, encargado de administrar un presupuesto de $US 50 millones para obras de infraestructura, remodelación de fachadas y mobiliario urbano.